En Europa se han empezado a anunciar medidas más severas contra los diesel y los motores de combustión en general, dado que las normativas EURO no ayudan a reducir la contaminación atmosférica bastante significativamente. Aun así, parecen más bien acciones propagandísticas sin atacar el problema de raíz. Así, hay países que afirman que prohibirán los diesel el 2025 totalmente o parcialmente (Noruega). Otros en un futuro todavía más lejano, entre el 2030 y el 2040 (Irlanda, Alemania, Países Bajos, Escocia…). Pero todavía hay que tener presente que muchos especialistas afirman que los vehículos de combustión no podrán competir con los vehículos eléctricos, ni en precio ni en características, hacia el 2025, de forma que estas prohibiciones no tienen sentido: la tecnología habrá arrinconado el motor de combustión sin necesidad de ninguna acción política. Son medidas que no tienen ningún coste para los gobiernos.

En cambio, sí que son más reticentes a aplicar medidas con un coste pero realmente efectivas contra los diesel y los vehículos de combustión. En Hamburgo han prohibido la circulación de los diesel que no cumplan la norma EURO 6… pero sólo en dos calles. En nuestro país, a los municipios del área metropolitana de Barcelona se prohibirá la circulación de vehículos contaminantes el 2019… pero sólo en los episodios de contaminación elevada –los expertos afirman que la contaminación afecta la salud, independientemente de umbrales arbitrarios, turismos de gasolina correspondientes a normativa Euro 3 (año 2000), diesels a Euro 4, y furgonetas a normativa Euro 1 (año 1994), todo normativas muy laxas comparadas con el Euro 6.

Subvenciones para los combustibles fósiles

En contraposición a estas medidas, los gobiernos continúan subvencionando masivamente los combustibles fósiles. En todo el mundo reciben ayudas económicas equivalentes al 6,5% del PIB global, alrededor de cinco billones de dólares cada año. La subvención puede ser debida a acciones directas (cómo por ejemplo, el caso Castor) o por fiscalidad más baja (caso del diesel en España). Aun así, la subvención principal es que los consumidores no pagan todos los costes que genera su uso (medioambientales y de salud), es decir, ‘quien contamina no paga’. En España, sin ir más lejos, unos cuántos expertos han propuesto medidas de redistribución fiscal en los combustibles fósiles penalizando las tecnologías más sucias: igualar los impuestos del diesel (que recibe un trato de favor) al de gasolina, y bajar el precio de la electricidad premiando las renovables. El gobierno español lo descartó.

Ayuntamientos como el de Madrid han impulsado flotas de taxis 100% eléctricos, mientras en Barcelona no hay ninguna acción equivalente y el actual gobierno municipal se ha centrado en vehículos de gas natural en la última compra de autobuses (en la ciudad hay una importante multinacional del gas) y híbridos, que contaminan menos, pero contaminan, y no en totalmente eléctricos, que no contaminan. En contraposición, en China hay más de trescientos mil autobuses 100% eléctricos y en ciudades como Shenzhen son los únicos que circulan (dieciséis mil autobuses en una ciudad de trece millones de habitantes), se han introducido cuotas obligatorias de venta de vehículos eléctricos a pesar de la oposición de todos los fabricantes, se ha empezado a prohibir la venta de determinados modelos a gasolina y diesel, mientras que se promociona y subvenciona la venta de vehículos 100% eléctricos a instancias públicas.

La salud por encima de todo

Ciertamente, las medidas que hay que tomar para preservar la salud de los ciudadanos frente a la contaminación atmosférica pueden ser muy impopulares, especialmente si delante se tiene un grupo de presión tan importante como el automovilístico y el de las energías fósiles. De momento, medidas como la del Ayuntamiento de Barcelona o las #promover por los gobiernos europeos no parece que afecten mucho a las empresas (que pueden continuar vendiendo vehículos diesel) o las administraciones (que generalmente se autoeximen de cumplir las nuevas leyes) mientras dejan el núcleo de la afectación a los ciudadanos a los cuales se obligará a comprar vehículos nuevos sin ayudas (beneficiando, por lo tanto, el sector automovilístico).

Mientras tanto, grupos de científicos y activistas medioambientales continúan reclamante medidas efectivas que implican prohibir a corto plazo la venta de vehículos contaminantes, promover y subvencionar la compra de vehículos eléctricos, apostar por el transporte público con flotas de vehículos 100% eléctricos y confiar sólo en fuentes energéticas 100% limpias.